EJES DE UNA PROPUESTA
PARA
Y FUTUROS PROBLEMAS DEL PAMI
BASADA EN
CONDUCCIÓN,
Y
1. Democratización y participación: Normalización inmediata del PAMI, merced a la conformación de un directorio con representantes del Estado, los jubilados y los trabajadores elegidos democráticamente (jubilados y trabajadores), en forma directa y proporcional al número de votos, con listas separadas y con mandatos revocables, facilitando, de ese modo, la participación real y efectiva de los afiliados y trabajadores en: a) la determinación de las prioridades institucionales; b) la discusión de los criterios por adoptar; c) la asignación de los recursos, y d ) la evaluación de los programas.
2. Adecuación de los montos contractuales a estudios de costos reales y justificados: Elaboración de los modelos de atención según las necesidades de la población afiliada, definiendo normas y procedimientos de atención, y conforme a ello, determinación de los valores de los bienes y servicios sobre la base de estudios de costos realistas, validados por instituciones públicas ajenas al poder político.
El costo unitario puede ser reducido si aumenta su utilización y si el efector adecua su organización.
3. Modelo “eficaz y eficiente” de atención médico-social: a) Jerarquización de la prevención y la atención primaria ambulatoria, con énfasis en los servicios básicos accesibles para todos los beneficiarios; b) redefinición de las prácticas preventivas y asistenciales, para que brinden apoyo efectivo a los afiliados en sus ámbitos naturales (familiares, barriales y comunitarios), tendiendo a disminuír las internaciones innecesarias en el segundo y el tercer nivel; c) establecimiento de un modelo de atención médico-social integrado, constituído por un plexo de prestaciones y servicios complementarios y de carácter progresivo; d ) atención de primer nivel, con la permanencia del criterio contractual de los actuales médicos de cabecera, auténticos auditores de la totalidad del sistema; e) incremento de la cobertura y el alcance de los programas sociales del Instituto, no limitándolos a la mera respuesta de la demanda espontánea y proveyendo a la integración interprogramática; f ) mantenimiento dentro de la órbita del PAMI del Programa Probienestar, por su perfil anticipatorio de muchas patologías de los beneficiarios, las cuales demandan luego costos superiores si no se las previene.
4. Evaluación de los cumplimientos contractuales, con la participación de efectores y afiliados para evitar la discrecionalidad habitual, que desvirtúa los resultados de las evaluaciones técnicas, aplicando reglas de decisión predeterminadas por estos actores y las autoridades políticas del Instituto.
5. Uso intensivo del recurso humano propio, con bajo costo institucional, aprovechando la rica experiencia institucional acumulada, apelando a la motivación y capacitación de dichos recursos y tratando de combinar estrategias de control y auditoría con prácticas preventivo-asistenciales para sectores focalizados (de alto riesgo sanitario-social) y con otras de carácter poblacional (dirigidas al conjunto de la población).
6. Servicios propios: Aliento de la realización, a partir de éstos, de prácticas de alta complejidad médica y social, las cuales, aun desarrolladas en pequeña medida, puedan aportar datos y estudios confiables de eficacia conforme a los costos.
Los servicios propios sirven estratégicamente para la regulación del mercado (precios testigos); su desmantelamiento, más que atender a los fines de una racionalización, puede obedecer al mandato de una voluntad de vaciamiento institucional.
7. Jerarquización de la planificación, la evaluación y el control: a) Recuperación y desarrollo de la áreas propias en las funciones de planificación y evaluación; b) creación de mecanismos e instancias de rendición periódica de cuentas por parte de las autoridades centrales y regionales del Instituto; c) democratización de los sistemas de planificación, ejecución y control; d ) recreación de la capacidad de gerenciamiento del PAMI, sin intermediaciones costosas y ociosas, que adolecen de la falta de criterios técnicos sanitario-sociales imprescindibles (consultoras pagadas con los fondos resultantes de la desatención de muchos jubilados).
8. Federalización y regionalización: a) Descentralización federal de la toma de decisiones y del presupuesto del PAMI, concentrando en el nivel central la definición de políticas, la elaboración de normas comunes y el proceso de evaluación y control de la gestión global; b) federalización de auditorías, sindicaturas y otros mecanismos de control; c) coordinación intersectorial y regional de recursos y actividades para aquellas provincias donde el escaso número de afiliados no justifique el funcionamiento independiente de algunas prestaciones y servicios.
9. Estrategia de interrelación con el sector público y sectores sociales: a) Priorización de convenios con el sector público para la realización de ciertas prácticas complejas (por ejemplo, trasplantes); b) fortalecimiento y recreación de las coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales, mediante la co-responsabilidad en el desarrollo de programas (centros de jubilados, O.N.G. y otras organizaciones sociales sin fines de lucro).
10. Adquisición de medicamentos y tecnología: a) Elaboración de un formulario terapéutico con monodrogas de probada eficacia en relación con el riesgo y el costo, adquiridas por licitación y distribuídas como “Medicamento PAMI”, mediante convenios con asociaciones farmacéuticas, de modo que el medicamento pueda ser prácticamente gratuito para los afiliados; b) acciones similares para la adquisición de prótesis, ortesis y otros bienes, estimulando, al igual que en el caso de los medicamentos, la producción nacional, sobre todo cuando sean definidos como de interés estratégico para el país, según el Ministerio Público; c) ahorro en medicamentos, actuando educativa y sistemáticamente sobre la prescripción médica y advirtiendo activamente a los afiliados acerca del autoconsumo.
11. Saneamiento económico-financiero: a) Reducción del gasto mediante la reconducción, no renovación o denuncia de los convenios sobrevaluados; b) comparación de las ventajas de la rescisión con los eventuales perjuicios de acciones legales contra el PAMI por incumplimiento de lo convenido; c) segura aceptación por parte de muchos prestadores, sobre la firma de actas complementarias, poniendo en su justo punto (utilidades razonables) los convenios vigentes; d ) saneamiento y trasparencia de los procedimientos, actuando en equipos, con firmas conjuntas, bajo la instancia del control público, para la revisión y los estudios de viabilidad de nuevos contratos, con amplia difusión de las decisiones que comprometan el futuro institucional.
“La única batalla que se pierde es la que se abandona...” (Hebe de Bonafini).
* Documento elaborado por
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