PROPUESTA PARA LAS PRESTACIONES
SOCIALES
EN EL ÁMBITO DEL I.N.S.S.J.P.
“Poco se gana con el conocimiento de la prevalencia de determinado padecimiento o con el aislamiento de factores asociados al mismo, si al mismo tiempo no se está en condiciones de actuar o no se actúa...”.
Sylvia Bermann.
A propósito de un diagnóstico.
En los años 70 se plasmó, en el ámbito del Instituto, un programa modelo de atención gerontológica para ancianos con distintos grados de dependencia física y social —el Programa Médico-Social de Tercer Nivel—, que preveía la articulación de las acciones médicas y las sociales mediante la implementación de recursos diferenciales según las distintas necesidades y situaciones de los afiliados.
Dicho Programa —concebido por el equipo dirigido por el Dr. Mario Strejilevich—, además de incluír elementos de “última generación” en la atención gerontológica (auxiliares domiciliarias propias y centros de día, entre otros), era entendible en el seno de un sistema de atención de primero, segundo y tercer nivel integrados.
En esos tiempos de democracia temblorosa, la existencia de los centros de jubilados era un fenómeno incipiente y acotado.
Durante el Proceso, el equipo del Dr. Strejilevich había sido liquidado y se habían desarrollado una serie de fenómenos particulares, que se hicieron sentir en el campo de la asistencia gerontológica, a escala nacional.
Se priorizó la internación geriátrica (émulo institucional del secuestro), incluyendo la de ancianos autoválidos, y perdieron relevancia la atención domiciliaria y los otros recursos alternativos de la internación “custodial”.
Fue implementada una “Megagerencia” de Vivienda, para atenuar el impacto de
El interventor vedette del Proceso, Santiago de Estrada, mediante
Estas medidas fueron dando lugar a una fragmentación en el movimiento de los jubilados, generando así un “espinel” en cuyo recorrido se podía hallar desde grupos amigos del poder —cualquiera que fuere su signo— hasta sectores de enorme raigambre combativa.
Acaecida la democracia alfonsinista, en el área de las prestaciones sociales se volvió a recrear un intento de integración médico-social, merced a la generación de una “red” de acciones programáticas destinadas a ser implementadas según el grado de deterioro físico y social de los ancianos, desde las preventivas hasta las rehabilitadoras, desarrollándose el Programa de Asistencia Social Integral (PASI).
Este Programa supuso un avance filosófico y también una vuelta a los orígenes del Instituto, pero el excesivo celo puesto en la planificación “desde arriba” y los sucesivos picos inflacionarios lo vaciaron de “posibilidades”.
Al mismo tiempo, siguió incrementándose la demanda de atención geriátrica, sin que fuesen recreadas alternativas válidas de contención domiciliaria para los beneficiarios, acordes con sus necesidades y valores.
Con la gestión menemista se intensificó la “partidización” de los centros de jubilados: los amigos del Presidente eran quienes recibían los mayores favores, tendencia que llegó al paroxismo en la “famosa” gestión de
Durante su intervención y presidencia fueron generados novedosos programas sociales, con amplia cobertura pero con una enorme escisión entre ellos, producto de los diferentes grupos políticos del oficialismo que cohabitaban en el Instituto.
Pese a lo ambicioso de tales programas, en ningún momento se evidenció la intención de una verdadera integración médico-social ni de coordinación dentro del supuesto campo de lo social. Las causas de este déficit no había que buscarlas en problemas técnicos, sino en la presencia de las distintas “cajas” económicas y políticas que operaban en esos momentos en el Instituto.
En ese período, el incremento de los ingresos del I.N.S.S.J.P., producto del aumento de la recaudación impositiva, dio lugar también a que se incrementaran los tradicionales “retornos” pagados por los prestadores como contraprestación por los contratos concedidos oportunamente. Esos “retornos”, aparte de engrosar bolsillos, financiaron varias campañas políticas.
Paralelamente, se fue generando un proceso de concentración del capital de los prestadores, coherente con la lógica del “arreglo” de contratos.
Entre los programas sociales más famosos se hallaba el denominado “Probienestar”, de alimentación para ancianos carenciados, el cual, a pesar de la grosera discrecionalidad que mostró en sus orígenes en cuanto al otorgamiento de los servicios de alimentación (comedores y bolsones), provocó un profundo cambio en la cultura institucional de los centros de jubilados, puesto que trocó los objetivos maníaco-festivos de muchos de estos grupos en otros ligados a la atención más primaria de congéneres necesitados y marginados.
Dicho Programa se ubicó rápidamente en el segundo lugar dentro del presupuesto de
La inclusión del presupuesto del Instituto, a partir de enero de 1995, en el correspondiente al orden nacional tuvo por efecto la “desfinanciación” de muchas acciones de carácter social, que recibieron su “condena a muerte”, ante la necesidad de generar un mercado desregulado de las prestaciones de seguridad social, dado que el costo de los servicios ofrecidos por las aseguradoras, bancos y/o prepagos no puede incluír este tipo de prestaciones de carácter social, pues los torna muy gravosos, por cuya razón necesitan subcontratar muchos y variados servicios, con los cuales no cuentan y además no tienen experiencia de gerenciamiento.
Por otro lado, en la democracia menemista —capitalista salvaje— resulta indispensable recrear el clientelismo, lo cual demanda la concentración en los poderes políticos centrales (nacionales o provinciales) de todas las acciones de carácter social. La “intermediación” establecida por el poder, desde arriba, deviene esencial para luego poder financiar electoralmente al sistema vigente. El intercambio de favores o el temor a perderlos justifica, entonces, todos los intentos de traspaso de los programas sociales del Instituto a la órbita de Desarrollo Social de Nación.
El panorama actual de las prestaciones sociales del Instituto se caracteriza por su progresivo desfinanciamiento, su orientación al asistencialismo mediante los programas de internación geriátrica y del Probienestar (y sus matices diferenciales ya aclarados), con más del 70 % del presupuesto del área, falta de integralidad del modelo, carencia flagrante de coordinación entre prestaciones médicas y sociales, y ausencia de importantes y necesarios programas preventivo-sociales para una población en progresivo deterioro, cuya atención posterior determina mayores costos institucionales desde el área médica. Y una escasa cobertura del conjunto de los programas sociales, dando atención prioritaria a la demanda espontánea, por medio de acciones de tipo asistencialista, con el permanente riesgo de su traspaso a Desarrollo Social para comprar voluntades y votos de un sector poblacional atractivo para cualquier gobernante.
Como sugerencia...
Los cambios ocurridos en los últimos años en el perfil epidemiológico de la población añosa se caracterizan, en general, por el aumento de la expectativa de vida, pero también por un incremento de las patologías crónicas invalidantes, los accidentes y los problemas relacionados con la degradación del modo de vida y del ambiente donde trascurren los ancianos, asociados con crecientes dificultades económico-sociales, panorama en el cual las disertaciones sobre autocuidado y calidad de vida quedan para los salones de los congresos.
Así, pues, el bienestar y la salud de los ancianos no se pueden basar únicamente en la búsqueda absurda, bizarra y exclusiva de niveles de salud específicos, lo cual encubre las presiones e intereses de los “barones de la medicina privada”.
Por lo expuesto, la única prioridad no puede ser la salud física, que a la fecha se lleva más del 70 % del presupuesto, merced a contratos sobrevaluados, en la asignación de los recursos.
Urge definir un cambio de rumbo, desde una moderna gestión sanitario-social, que plantee la definición estratégica de los servicios médicos y sociales, rompiendo con las perversas visiones fragmentarias, ligadas a la mera reducción de costos y de la plantilla de personal, esgrimidas por los Perversi, los Markovic y las consultoras al servicio de los bancos, de las aseguradoras y de la reducción del agujero fiscal.
El PAMI debe y puede ser reconvertido, tornándose trasparente por medio de modelos de atención que básicamente sirvan a los jubilados...
Estos actores prioritarios no deben conformarse con la supuesta normalización del Instituto, hoy auspiciada por el poder central como nuevo canto de sirena, dado que el problema de su atención médico-social no se reduce a contar con algunos representantes en el futuro directorio, que pueden ser sobornados, “cooptados” o silenciados por el poder.
Es imprescindible no caer en la nueva trampa del sistema, y definir que la auténtica participación consiste en su presencia activa en el diseño, la gestión y el seguimiento de las políticas institucionales, con un activo control en la recaudación, los ingresos y los egresos del Instituto.
Hay participación cuando los beneficiarios están incluídos en la determinación de las prioridades y en la asignación de los recursos, y da la casualidad de que al área social del PAMI le incumbe sobremanera la articulación y el despliegue de tal participación, por la especificidad de los temas que maneja y por el perfil de los profesionales con que cuenta (técnicos en trabajo comunitario).
Estos profesionales son quienes establecen las relaciones entre la comunidad, las personas y el sistema, sin el tradicional sujetamiento de la lógica hegemónica médica autoritaria.
Así, una normalización democrática (en lo posible, por el voto directo del total de los afiliados), el mantenimiento de los programas sociales dentro del Instituto y la progresiva implicación de los jubilados en la conducción del PAMI son decisiones vinculantes que deben ser defendidas dentro de un paquete preferencial de medidas, sostenidas desde el ámbito de los sectores que auspician una auténtica democracia social y participativa...
Ahora las “propuestas”.
Para que el PAMI pueda cumplir eficazmente con el objetivo de reducir la posibilidad de una muerte prematura, de enfermar y de que se produzcan discapacidades tempranas debe tomar intervención en la problemática social de su población beneficiaria, no disociando sus cometidos médico-sociales.
Tal accionar contribuye al objetivo de la cohesión social y configura un tema central en lo que se refiere a las prestaciones sociales del Instituto.
No puede haber, al respecto, “propuestas aisladas”, como propone el poder, sino una política social ante las situaciones conflictivas que atraviesan muchos jubilados, con una capacidad de respuesta que vaya de la perspectiva individual a la perspectiva comunitaria.
Desde lo instrumental, cabe proponer dos tipos de respuestas, que pueden perfectamente ser complementarias, y no excluyentes: las asistenciales, que procuran atender puntualmente las situaciones de carencias concretas (alimentación, vivienda, cuidados domiciliarios, etc.), y aquellas otras, no necesariamente aisladas de las primeras, que faciliten el desarrollo de proyectos que tiendan a revertir progresivamente las condiciones que generan dichas carencias.
Sin embargo, hay que destacar que en vista de la magnitud de los problemas que sufren los jubilados, ambos tipos de respuestas son por ahora insuficientes, lo cual no obsta a su instrumentación.
A fin de tornar más efectivos los resultados de dichas acciones —y aprendiendo del pasado reciente—, al frente de los programas no se puede ubicar a técnicos u operadores que actúen con un mero criterio “clientelístico”, por lo cual se sugiere el reemplazo progresivo de acciones institucionales por otras de carácter comunitario, auspiciando un modelo novedoso que priorice el desarrollo de efectores comunitarios desde los actuales centros de jubilados y O.N.G.
Dichos efectores proponen el fortalecimiento estratégico de la sociedad civil en defensa de la obra social de los jubilados, frente a un Estado vaciado de vocación nacional y social, priorizando el poder de lo organizacional.
Los jubilados, según este concepto, dejan de ubicarse como receptores pasivos y vergonzantes de las prestaciones del PAMI; y los profesionales (en especial, del espectro social) deben alentar y promover las formas organizativas de los afiliados, trasfiriéndoles progresivamente los conocimientos que la sociedad les costeó para su formación.
A partir de este nuevo pacto institucional es posible el intento de enfrentar la creciente situación de inseguridad social que recorre al grupo poblacional de los jubilados.
Los efectores comunitarios podrán tomar intervención en programas alimentarios (como lo hacen en la actualidad), garantizar y extender las acciones preventivas primarias sanitario-sociales hacia lugares donde no llegan los profesionales, proveer el control de programas institucionales en coordinación con los cuerpos técnicos del Instituto, e incluso gerenciar proyectos alternativos de la institucionalización, que procuren el mantenimiento de los ancianos en sus domicilios (voluntariado y auxiliares gerontológicos domiciliarios).
Sin perjuicio de todo lo dicho, el área social del Instituto procurará entroncar su accionar con el área médica, en razón del carácter social e histórico de las enfermedades de los ancianos.
Así, el campo de la prevención primaria de enfermedades no quedará reducido a “controlar” enfermedades físicas, sino que pisará e inundará el campo de la promoción social.
En la coyuntura se deberá privilegiar una serie de programas destinados a diversificar y tornar eficientes las respuestas institucionales: auxiliares gerontológicos domiciliarios (con ahorro de costos institucionales innecesarios, orientados tradicionalmente a internaciones geriátricas y médicas y a promoción laboral novedosa), centros de día (desde organizaciones de la comunidad y para ancianos con discapacidades que admitan esta modalidad), hogares de tránsito (para emergencias sociales, que luego podrán ser abordadas con otros recursos, más adecuados a los casos en cuestión, aprovechando la infraestructura municipal o provincial) y fortalecimiento del primer nivel de atención (con el apoyo de profesionales de las ciencias sociales a los médicos de cabecera, a fin de resolver las problemáticas en el contexto en que surgen y mediante la movilización de recursos personales, familiares, institucionales y comunitarios, con uso intensivo y “adelantamiento” en el terreno de los agentes de Prestaciones Sociales del PAMI).
El logro de los objetivos de: integración médico-social; énfasis en las acciones preventivas y promocionales; implicación de los jubilados en el diseño, ejecución y control de programas, así como la eventual articulación de un programa integral de prestaciones que ofrezca respuestas para las diferentes necesidades de los beneficiarios, no provendrá de la aplicación de metodologías, sino de la construcción estratégica de escenarios de participación efectiva...
“El concepto fundamental de la ciencia social es el poder, en el mismo sentido en que la energía es el concepto fundamental de la física”
(Bertrand Russell).
Buenos Aires, 25/11/96.
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